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Reforma de la democracia

SENSUS COMMUNIS javi zamora

Reforma de la democracia

07-05-2013

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Ya Aristóteles insistió en la importancia de la estabilidad de los regímenes políticos para evitar grandes males a la sociedad. Pensaba incluso, como luego el Maquiavelo de los Discursos, que era mejor soportar una cierta dosis de injusticia que alterar constantemente las normas o, lo que le parecía aún peor, cambiar la Constitución una y otra vez. Estudioso de las Constituciones de las polis de su tiempo de las que llegó a recopilar más de ciento cincuenta, la ley es para Aristóteles medida y límite, encauza el comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades, y por eso tiene que ser clara para que sea conocida, reconocida y respectada por todos. Sin ley, no hay libertad. La anarquía, la anomia, impide al hombre saber qué se puede hacer y hasta qué límite, y así la arbitrariedad del más fuerte, de los más poderosos, se impone. La anarquía es para Aristóteles el principio de la tiranía.

Traigo estos remotos pero vigentes pensamientos de uno de los fundadores de la teoría política y uno de los pensadores más grandes de la historia para enmarcar la propuesta que sigue de reforma de nuestra democracia, pues conviene que nos guíe la prudencia, virtud que tanto resaltó el propio Aristóteles. Se oyen muchas críticas a nuestro actual sistema político, pero la mayoría son sólo destructivas; pretenden demoler lo que creen que no funciona, desestabilizando así los pilares de nuestro actual modelo constitucional sin ofrecer nuevas bases sobre las que construir un nuevo modelo de convivencia. Ante esta situación, es necesario recordar que si algo ha caracterizado la historia contemporánea de España es el constante cambio de sistemas constitucionales, alterados o suspendidos por pronunciamientos, guerras civiles, revoluciones y dictaduras. La consolidación primero de un régimen liberal y después de una democracia —“tardía”, como la llamó Santos Juliá en un excelente artículo— se hizo a saltos, cuando no a trompicones, superando innumerables dificultades y reticencias.

Nuestro actual marco constitucional, nacido —no lo olvidemos— de un proceso de transición desde un larga dictadura, instaurada tras una guerra civil, permitió el diseño de un sistema político que ha conseguido una democracia estable en España. Treinta años después de la aprobación de la Carta Magna, el sistema político da muestras de cierto agotamiento, debido a problemas intrínsecos del mismo y también a que el mundo ha cambiado mucho en el paso del siglo XX al siglo XXI por la intensificación de la unidad europea, por un lado, aunque sea de forma turbulenta, y, por otro, el proceso de globalización, atomización y diversificación del poder mundial tanto desde el punto de vista político como económico y social. Conviene, por lo tanto, iniciar una serie de reformas jurídicas e institucionales que permitan la profundización de nuestra democracia adaptándola a los nuevos tiempos, pero conviene asimismo tener claro lo que hay que conservar a toda consta de nuestro actual sistema para que exista una efectiva democracia: la garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, el principio del imperio de la ley y la salvaguarda de la jerarquía normativa, las fórmulas que permitan una participación activa de los ciudadanos en la vida política, la división de poderes, las virtudes del diálogo como forma de establecer acuerdos cuya máxima expresión es una rica vida parlamentaria, la descentralización como fórmula de acercamiento de la política a los ciudadanos y de respeto de la diversidad territorial de España, y el Estado social y democrático de derecho como garantía de una verdadera igualdad de oportunidades cuyos pilares básicos tienen que seguir siendo unos buenos servicios públicos en educación y sanidad.

Las reformas que necesita nuestra democracia son varias y comunes, en muchos casos, a las necesarias en otros países de nuestro entorno. No podemos detenernos hablar detalladamente de todas, por lo que apenas las enunciaremos. Ya habrá tiempo para ir aclarando el sentido de ellas en otros artículos. En primer lugar, habría que replantearse cómo se conjugan entre sí términos básicos de nuestra vida política como “ciudadanía”, “soberanía”, “representación” y “nacionalidad” dentro del marco europeo y globalizado en el que nos movemos. Se requiere una interpretación más compleja de los mismos, por ejemplo, vinculando de forma menos estrecha “ciudadanía” y “nacionalidad” para la “representación” política. También es necesario dejar de hablar de cesión de “soberanía” a la Unión Europea y empezar a ser conscientes de que ya está conformada una “soberanía europea”, del pueblo europeo, aunque su plasmación jurídico-institucional es todavía insuficiente porque mantenemos los viejos esquemas de la soberanía estatal, olvidando que no son los estados los que conviven sino los ciudadanos, y que la soberanía no es el ejercicio del poder sino la residencia última del mismo. Las élites políticas estatales son las que se preocupan por la supuesta cesión de soberanía a Europa mientras que los ciudadanos, si estuvieran bien informados, no tendrían por qué preocuparse de quién ejerce tal o cual función sino de que el ejercicio de la misma responda al marco normativo comunitario y de la efectividad de las políticas.

Hace falta también una profunda reforma del tercer poder del Estado, olvidado tantas veces por los políticos. Uno de los más graves problemas que tenemos en España es que la justicia funciona tarde y mal en muchas ocasiones y que, además, su funcionamiento disuade a muchos ciudadanos y empresas de recurrir a los tribunales a pesar de lo mucho que se habla del elevado porcentaje de pleitos que hay en España. El planteamiento que se hace sobre la alta tasa de pleitos no debería formularse en términos de si los ciudadanos recurren “demasiado” a los tribunales sino analizando si en España se vulnera mucho o poco la ley. Frente a los que pretenden dificultar el acceso de los ciudadanos a su legítimo derecho a la defensa judicial, lo que hay que conseguir es que la justicia sea verdaderamente imparcial, eficiente, eficaz y pronta, sin perjuicio de las garantías de los sometidos a juicio. No es cuestión sólo de recursos económicos, pero éstos también son necesarios. Hay que adaptar el poder judicial aún más a la sociedad de las nuevas tecnologías, hay que simplificar muchos procesos judiciales, hay que conseguir que los jueces vayan al fondo de los asuntos y no se pierdan en vericuetos procesales y formulismos jurídicos que acaban haciendo injustas las sentencias. Se podrían citar miles de casos, por ejemplo, en los que los jueces se parapetan detrás de la discrecionalidad técnica de las comisiones de expertos aunque éstos llamen a lo negro blanco y a lo blanco negro.

Hace falta una nueva formulación y un desarrollo del título segundo de la Constitución para adaptar la Monarquía a los nuevos tiempos, de forma que el rey ejerza transparentemente su papel simbólico a nivel nacional e internacional y su función de árbitro y moderador de otros poderes públicos.

Hace falta una profundización del sistema autonómico que garantice una financiación suficiente de las comunidades autónomas y que diseñe un marco competencial que evite las constantes controversias entre el Estado y las comunidades sobre el ejercicio de las distintas competencias atribuidas a cada uno, y que, al mismo tiempo, permita una armonización en cuestiones que nada afectan a la idiosincrasia de cada comunidad y que, en cambio, suponen un gran perjuicio para los ciudadanos y las empresas en temas como la unidad de mercado, licencias, etc. Además es necesario avanzar en el horizonte inicialmente previsto de una nueva descentralización para dotar de un poder más efectivo a los ayuntamientos de forma que ejerzan más eficazmente funciones que por su proximidad a los ciudadanos pueden llevar a término mejor que otros poderes públicos.

Nuestra democracia, como todas las democracias de nuestro entorno, es una democracia de partidos, los cuales canalizan la representación política de los ciudadanos. La incapacidad de dar respuesta a la crisis económica y social por parte de los distintos gobiernos y el descrédito de los políticos por los constantes casos de corrupción a todos los niveles están haciendo que los grandes partidos, incluyendo a los nacionalistas que han gobernado en sus respectivas comunidades autónomas, estén perdiendo su capacidad de movilización ciudadana, la cual está encontrando otras vías de expresión. Imaginar una democracia sin el papel que en ella desempeñan actualmente los partidos políticos es muy difícil, pero es verdad que hay que buscar nuevas fórmulas para que los partidos puedan seguir siendo la voz de los ciudadanos. Una mayor democracia interna en la gestión de los mismos, que permita una mayor apertura de los órganos de dirección a los ciudadanos y una presencia más activa de los mismos en los diseños de los programas electorales y en su ejecución, junto a mecanismos como las listas abiertas, pueden dar un nuevo impulso a la representatividad de los partidos, pero no creo que vayan a ser una panacea a corto plazo. Además hace falta que, sin caer en los riesgos que traería una visión organicista de la democracia, las voces de los ciudadanos, a través de sus asociaciones, estén más cerca de los núcleos de decisión política. No se trata de cambiar la democracia inorgánica representativa por una nueva representatividad, pues en último término siempre serían los representantes políticos los que tuvieran la última palabra, sino de aprovechar la riqueza de la sociedad civil, cada vez más compleja. Ya Tocqueville resaltó como uno de los fundamentos de la democracia estadounidense la vitalidad de la sociedad civil.

Finalmente, hay que acercar la toma de decisiones a los ciudadanos a través de las posibilidades que ofrecen hoy las nuevas tecnologías, por ejemplo, con referendos a nivel local sobre cuestiones que afecta a la vida de la mayoría de los ciudadanos o suscitando debates públicos que permitan configurar la opinión de los representantes políticos.

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